Guatemala: El extractivismo autoritario

Rodrigo J. Véliz desde Guatemala

La tensión cubría el ambiente. Frente a la entrada de la mina San Rafael, en el departamento suroriental de Santa Rosa (Guatemala), se encontraban los vecinos y vecinas xincas y mestizas que llevaban más de veinte días ocupando el lugar en oposición al inicio de las operaciones. Dentro de la mina se apostaba el equipo armado de seguridad de la empresa y rodeando a la población, para completar el cuadro, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil presionaban por el retiro definitivo de los manifestantes.

Minutos después el cuadro había cambiado y, con él, el ritmo de la tensión. Un agente de las Fuerzas Especiales estaba muerto, un campesino yacía también sin vida en el suelo mientras otros seis estaban heridos de gravedad y eran trasladados al hospital más cercano. La población tenía rodeadas a las Fuerzas Especiales, ahora desarmadas, exigiendo una inmediata mesa de diálogo para la solución de la problemática. El humo de la pólvora de los disparos lentamente se disipaba. Refuerzos militares y de la Policía Nacional Civil, por su parte, se aproximaban con celeridad al lugar.

Era abril de este año. Mientras esto ocurría, a un costado de Casa Presidencial, en la ciudad capital de Guatemala, la empresa San Rafael S.A., subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, firmaba un acuerdo voluntario de aporte de 5% de regalías con funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP). El aporte no podía venir en un mejor momento para el gobierno, que se encuentra ante la posibilidad de caer en un agujero fiscal de unos 765 millones de dólares, aproximadamente, equivalente a 1,4% del PIB del país.

 

La respuesta del gobierno militarista de Otto Pérez Molina fue contundente. Se giraron decenas de órdenes de capturas, se decretó el Estado de sitio en cuatro municipios de dos departamentos de la región, y el ministro de Gobernación, López Bonilla, hizo responsables a dos de los líderes de la muerte del oficial de policía, y los acusaba de secuestro y asociación ilícita con la organización de los Zetas. En sus palabras, «la gente quiso entrar a la fuerza y la seguridad de la mina disparó con balas de goma. Nuestro reporte niega que hayan sido armas de fuego». Sin embargo, los reportes de los hospitales tenían la versión contraria. Los líderes del Parlamento Xinca también ofrecieron su versión, un tanto distinta de la del ministro, sobre lo ocurrido.

Mientras se efectuaban las primeras capturas de pobladores se notificó que Alberto Rotondo, el jefe de seguridad de la minera, había sido apresado en el aeropuerto internacional La Aurora mientras trataba de abandonar el país. El Ministerio Público, ente fiscal del Estado, tenía una orden de captura en su contra porque unas escuchas telefónicas confirmaron que había dado órdenes de disparar contra la población civil: «Maten a esos hijos de la gran puta». Se confirmó, también y de manera bochornosa para López Bonilla, que la muerte del agente de las Fuerzas Especiales había sido a manos de la seguridad de la mina. Pese a esto, Tahoe Resources emitió un comunicado en el que afirmaba que la salida de Rotondo del país, en pleno momento de tensión, había sido una simple coincidencia.

Con toda razón puede uno preguntarse: ¿cómo se llegó a esta situación extrema?

La reconfiguración de la forma en que el territorio guatemalteco se articula con los capitales y mercados globales ha causado fuertes tensiones y reacomodamientos políticos. La producción de agrocombustibles, la construcción de una estructura regional de producción, distribución, transmisión y venta de energía eléctrica, y la industria extractiva han sido las principales rutas del aumento acelerado de la Inversión Extranera Directa (IED) desde 2005.

La presencia de un gobierno con fuerte influencia militar es, para ser breve, una consecuencia de al menos diez años de tensiones, pugnas y antagonismos resultantes de estos cambios. Como parte de esta crisis, asoman al mismo tiempo problemas históricos latentes, entre ellos el problema de la representatividad y el carácter autoritario del Estado guatemalteco.

* Antropólogo, Centro de Medios Independientes de Guatemala.