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domingo, 16 de abril de 2017

Balance de protestas en Venezuela: 6 muertes y más de 300 detenidos desde el 4-A



Correo del Caroní

Las autoridades confirmaron el pasado jueves 13/4 la muerte de una sexta persona en las manifestaciones que estallaron hace una semana en rechazo al golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional.

El gobernador de Lara, Henri Falcón, informó que un hombre que resultó herido en una manifestación la noche del martes murió en un hospital, lo que elevó a tres las víctimas mortales en esa región del occidente del país. "En la entidad tenemos tres fallecidos", señaló Falcón en una rueda de prensa, en la que insistió en responsabilizar a grupos civiles afines al Gobierno por los hechos. Agregó que en las protestas también se registraron alrededor de 30 heridos. "Estos grupos procuran callar el sentimiento de una gran mayoría, estamos haciendo trabajos de inteligencia para descubrir a infiltrados en las protestas", señaló y agregó que lo sucede en Lara es el descontento generalizado del país frente a un "Gobierno que no gobierna". El diario regional "El Impulso" dijo que la persona que murió en la madrugada de este jueves era un hombre de 32 años, que fue herido durante una protesta en Barquisimeto, capital de Lara. En la protesta del martes en Lara murieron también un hombre de 36 años y un menor de 13, ambos a causa de disparos, según confirmó la Fiscalía General.Las víctimas en Lara se sumaron a las tres muertes que se registraron desde que comenzaron los reclamos hace una semana.

La semana pasada murió en Miranda un joven de 19 años a causa de un disparo en el pecho por el que fue imputado un agente de la Policía Nacional. Además, esta semana murió en Valencia un estudiante universitario, quien sufrió un disparo en el cuello en una manifestación que fue reprimida por la Policía regional del estado central de Carabobo. La muerte fue ocasionada por un balazo disparado con un arma de la Policía de Carabobo, según confirmó el gobernador de esa región, Francisco Ameliach, quien anunció que el agente responsable será presentado a la Fiscalía para ser encausado.

El diputado opositor Juan Requesens denunció que el lunes murió por asfixia de gases lacrimógenos una mujer de 84 años, quien se encontraba en su casa durante una manifestación en el este de Caracas, informó el diario El Nacional. Las protestas, que además causaron cientos de heridos y detenidos, ocurrieron después que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitara a la Asamblea Nacional, medida que luego fue revertida. Ahora representantes de la Asamblea buscan poner en marcha un proceso para destituir a los magistrados, a los que acusan de haber dado un golpe.

Mientras, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, aseguró que el Estado tiene el deber de proteger los reclamos pacíficos, que están amparadas en la Constitución, pero advirtió que cuando cruzan la línea “se tiene el deber de restablecer el orden y garantizar el libre tránsito”. “El que quiera manifestar puede hacerlo como dice la Constitución, pacíficamente y sin armas. Eso no se toca ni con el pétalo de una rosa, pero cuando esto deja de ser pacífico se pierde el derecho a manifestar”, apuntó. “Ahora hay una campaña nacional e internacional que nos hacen ver a nosotros como unos gorilas, cuando aquí la Guardia Nacional (policía militarizada) no sale a la calle con armas de fuego”, dijo en un encuentro con militares.

Padrino llamó a la dirigencia de la oposición a asumir las responsabilidades sobre las líneas que envían a sus seguidores, ya que a veces marchan hacia sitios donde no están autorizados. “Estas situaciones de incitación a la violencia nos tienen que poner en un estado de alerta superior para preservar nuestras vidas. Yo les pido que nos mantengamos firmes, respetando la dignidad del ser humano”, dijo a un grupo de soldados.

En Miranda, el gobernador y líder opositor Henrique Capriles denunció que en varias localidades de la región ocurrieron saqueos a comercios la noche del martes y acusó al oficialismo de promover esas acciones para desvirtuar las protestas opositoras. “Nuestra lucha es en defensa de la Constitución y para que haya una solución a la crisis que la narco corrupta cúpula madurista creó”, escribió en su cuenta de Twitter.

Más de 300 detenidos

El abogado defensor de los Derechos Humanos y director de la ONG Proiuris, Nizar El Fakih, informó que según los registros de la ONG, van más de 300 detenidos desde el 4 de abril y 100 de ellos ya han sido liberados. El director de Proiuris indicó que las fuerzas del Estado están generando la violencia que se ha visto en las calles por estar haciendo un uso desmedido de la fuerza.  El Fakih dijo “hacemos un llamado a las autoridades para que cesen de inmediato los abusos policiales contra ciudadanos”.

Sobre el uso de bombas lacrimógenas para reprimir a los manifestantes, el abogado sentenció que “absolutamente nada justifica lanzar bombas lacrimógenas a clínicas y zonas residenciales. Esto es inadmisible”. El Fakih denunció en dos entrevistas radiales que se está produciendo un “nuevo patrón de procesamiento por el cual los tribunales están asumiendo atribuciones de la Fiscalía. La potestad de imputar le corresponde a la Fiscalía no al tribunal”, explicó, a la vez que denunció como absolutamente grave e ilegal que se está generalizando la arbitraria imposición de una fianza por parte de los tribunales de control penal en desconocimiento a lo requerido por la Fiscalía.

El abogado explicó que así se prolonga la prisión de decenas de manifestantes apresados en todo el país, que no han salido en libertad hasta tanto se constituyan las referidas fianzas, cuestión que, además de ilegal por desconocer la autoridad fiscal, supone un trámite burocrático que puede demorar varios días, semanas o incluso meses.

En la calle por el desvío dictatorial

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, arrebatando las funciones a la Asamblea Nacional, además de haber constituido un claro golpe de Estado por la vía judicial, significaron el desenmascaramiento definitivo del gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.

El desvío dictatorial de Maduro se ha traducido en una menor tolerancia de la comunidad internacional, con fuertes llamados de la ONU, OEA, Mercosur y la Unión Europea. El apoyo a la revolución bolivariana, fundada por el fallecido presidente Hugo Chávez, se erosiona y esto abre las compuertas a una desmedida represión policial contra las manifestaciones opositoras que salen a las calles a exigir el cumplimiento de la Constitución que pasa por devolverles todas las facultades al Parlamento y fijar fechas de las elecciones secuestradas por los representantes del chavismo.

En el plano interno, la presión crece y destaca la posición del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que catalogó como dictadura al gobierno de Maduro. Este pronunciamiento coincide con lo expresado por la coalición organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos opositores y disidentes del régimen, los estudiantes, las universidades, los colegios de abogados, gremios profesionales y un grueso de la población que aboga por una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis venezolana.

El estrategia de Maduro y del círculo de militares y civiles que le acompañan, cuya única motivación es proteger sus intereses particulares y ambición de poder, es la radicalización, lo cual se traduce en mayor represión y cierre de más espacios de participación.



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